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Pagó Graco 5.8 millones por asesoría para elaborar Ley de Víctimas

Escrito por Jesus Castillo Garcia on . Posted in Política

Pagó Graco 5.8 millones por asesoría para elaborar Ley de Víctimas

“La Fundación Baltasar Garzón hizo el trabajo que debió haber realizado la Consejería Jurídica”

Por: Jesús Castillo García

La Fundación Baltasar Garzón hizo el trabajo que debió haber realizado la Consejería Jurídica, a pesar de contar con una Consejería Jurídica que absorbe alrededor de 14 millones de pesos anuales, la administración de Graco Ramírez pagó en abril de este año la cantidad de cinco millones 800 mil pesos a la Fundación Baltasar Garzón por “acompañar y apoyar al Gobierno de Morelos en el diseño, estructuración, implementación inicial y seguimiento de un marco legal para garantizar los derechos de las víctimas del delito”.

 

Así lo demuestra la factura electrónica 002 A emitida por la Fundación Internacional Baltasar Garzón el 20 de marzo del 2013 por “Asesoría Jurídica y Apoyo Técnico para la Elaboración de la Ley de Víctimas para el Estado de Morelos”, misma que fue pagada el cinco de abril pasado mediante la transferencia electrónica 82721, en una sola exhibición y por adelantado, ya que el trabajo aún no termina. - VER FACTURA http://periodismosincensura.com.mx/portal/wp-content/uploads/2013/09/factura-juez-garzon.pdf

De acuerdo al “convenio específico” firmado por el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén y el presidente de la FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón), Baltasar Garzón Real,  dicha acción tuvo su justificación en que “ el actual y mayor reto de la sociedad mexicana en su conjunto, lo constituye la lucha contra la criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones, desde el combate permanente contra el tráfico de drogas y el lavado de activos, hasta el enfrentamiento de las diversas manifestaciones de la violencia organizada, en escenarios generalizados de inseguridad y macro criminalidad, que han desbordado la capacidad del Estado para enfrentarlos y garantizar plenamente los derechos de las víctimas”.

El documento señala que “en Morelos la criminalidad ha sido creciente”. Enseguida cita cifras del INEGI: 311 mil delitos cometidos en 2011, ocupando el lugar número 15 a nivel nacional y con mayor incidencia en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano Zapata.

“En este contexto, los Estados de la República Mexicana se enfrentan a la necesidad de diseñar e implementar mecanismos integrales, masivos y ágiles, con enfoque diferencial y de derechos, para dar cumplimiento a las obligaciones internas e internacionales en materia de atención y reparación a las víctimas, impuestas tanto en la Constitución como en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por México”, agrega.

 

Enseguida se establece un plan operativo con diferentes fases. En la primera fase se ofrece brindar apoyo al Gobierno de Morelos en la elaboración de un marco teórico y conceptual que permita la construcción de criterios y consideraciones jurídicas como sustento a la Ley de Víctimas que elaborará el Gobierno de Morelos. “Este documento estaría compuesto por un marco conceptual, l recopilación de normatividad nacional e internacional relevante, y el aporte de experiencias internacionales.

“Asimismo, se realizará un diagnóstico sobre la situación de las víctimas en el Estado de Morelos al igual que los recursos y estructura institucional existente o necesaria en Morelos para la estructuración de un marco legal que garantice los derechos de las víctimas”.

Termina diciendo que a partir de los documentos mencionados se entregará una propuesta de estructura preliminar de la ley que incluye los aspectos que ésta debería considerar a partir del marco jurídico nacional e internacional. “Con esta estructura el Gobierno de Morelos ya puede empezar a diseñar, en conjunto con otros sectores, la iniciativa de Ley”, añade.

Se establece en el convenio que el valor monetario de la primera fase será de un millón 150 mil pesos y comprende de noviembre del 2012 a febrero del 2013.

La segunda fase consiste en acompañar, asesorar y apoyar al Gobierno de Morelos en la formulación de una iniciativa de Ley que tenga en cuenta los estándares y normatividad nacional e internacional. Al término de la segunda fase, el gobierno contaría con un documento de “propuesta de articulado para la iniciativa”.

Se contempla también como parte del pago, “dos conversatorios” (el primero de ellos se llevó a cabo el pasado 12 de julio) y un “Foro Internacional de víctimas en donde la FIBGAR aportará el traslado y alojamiento de ponente y expertos nacionales e internacionales”.

La fase dos tendría un costo de dos millones 500 mil pesos y se desarrollaría de febrero a septiembre, aunque advierten que los tiempos pueden cambiar de acuerdo al proceso legislativo que se lleve con la ley.

Finalmente, la tercera y última fase del proyecto busca apoyar la socialización y divulgación de la Ley, al igual que su implementación a través del desarrollo de los componentes que se aprueben. “Esta etapa sólo podrá iniciarse a partir de la aprobación de la Ley de Víctimas”, advierte.

Dentro de las actividades contempladas está el diseñar cartillas (trípticos) de pedagogía, capacitación y socialización de la Ley de Víctimas, y elaboración de un documento de recomendaciones y resultados del proceso de concertación y definición de las medidas simbólicas. Su costo es de un millón 350 mil pesos y tendría una duración de cinco meses a partir de la aprobación de la ley.

La duración total del proyecto es de 14 meses, pero desde el cinco de abril fueron pagados los cinco millones con su respectivo impuesto al valor agregado (IVA).

Tanto la copia de la factura como el convenio fueron entregados por la Secretaría de Hacienda en respuesta a una solicitud de información pública. En el documento mediante el cual se hace entrega de la información solicitada, la directora general de Administración de la Secretaría de Hacienda, Avi Enid Abarca Castillo, termina diciendo: “No omito mencionarle, que dicho proyecto fue impulsado por la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal”.

Cabe mencionar, que además de la referida Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, que depende de la Secretaría de Gobierno, existe la Consejería Jurídica que encabeza el reconocido jurista Ignacio Burgoa Llanos, y en el Poder Legislativo se cuenta con un Instituto de Investigaciones Legislativas. Las tres instancias tienen entre sus funciones brindar asesoría jurídica a las autoridades para la elaboración de leyes.

Por último, cabe mencionar también que a partir del pasado tres de septiembre, la Fundación Baltasar Garzón tiene su sede en la ciudad de Cuernavaca, donde el gobernador Graco Ramírez, la presidenta del TSJ  diversos funcionarios, acudieron a cortar el tradicional listón de inauguración.

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